Fiscales ciudadanos y periodistas independientes

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Más allá de elegir en una papeleta a un gobernante o legislador cada tres o seis años, la democracia requiere de la participación constante de los ciudadanos que en estos momentos están exigiendo por varios medios que se fiscalice a la administración saliente y se impongan penas –cárcel y juicio político- a los responsables de que la deuda pública de Quintana Roo haya aumentado casi mil por ciento en los últimos 12 años.

La exigencia es, por la transición en el poder, coyuntural, pero debería sostenerse más allá del cambio de gobierno o de un sexenio, para impedir que el abuso de autoridad y el desvío de recursos se repita, así como la supeditación al Ejecutivo de los poderes Legislativo y Judicial que, por lo mismo, son cómplices de los despojos y el desfalco atribuido al gobierno.

En esta coyuntura ha surgido una propuesta que podría sostener la participación y fiscalización ciudadana si es que el órgano -Observatorio Legislativo de Quintana Roo- presentado recientemente, se conduce desde afuera y más allá de los tiempos políticos.

La iniciativa, encabezada por organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Asociación de Plazas Comerciales, busca transparentar y difundir la información legislativa desde lo más simple, como conocer quiénes son los legisladores, qué hacen y cómo trabajan, hasta la fiscalización de iniciativas, dictámenes y presupuestos que, aunque existe una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, casi nunca se publican. En concreto, su fin es la rendición de cuentas.

Por ejemplo, según el Informe Legislativo 2016 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el presupuesto anual del Congreso de Quintana Roo fue en este año de 340 millones de pesos, 37 millones más que el de los congresos de Yucatán (132 millones) y Campeche (171 millones) juntos.

El presupuesto anual por cada diputado es, según la misma fuente, de casi 14 mil millones de pesos, mientras en transparencia el Congreso de Quintana Roo resultó reprobado al no hacer pública la información relativa a remuneración bruta y neta, prestaciones, aguinaldos, gastos de representación, viáticos, total de plazas, prestadores de servicios por honorarios, jubilados y pensionados, gastos en órganos, comisiones y grupos parlamentarios, así como en comunicación social o medios de comunicación.

Esa información tendría, por ley, que ser pública, pero ante el incumplimiento de quienes se encargan, paradójicamente, de legislar, la ciudadanía tiene que ser participativa; no sólo conocer el nombre o desempeño de sus representantes o exigir cuentas al final de cada mandato, sino sostener una fiscalización permanente en la elaboración y aprobación de leyes, en la rendición de cuentas y en la aplicación del dinero público.

La opacidad en este nivel nos afecta colectivamente. En estos días, precisamente, se cumple un año de que el Congreso aprobara la Ley de Protección a Periodistas, de la que el gremio se enteró –por terceros- un día antes de que fuera presentada en supuestos foros de consulta y, aun, sin que se hubiera difundido previamente en el portal de la XIV Legislatura. Finalmente, la ley fue invalidada hace unas semanas por la Corte. Esa ley había sido impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que determinó que el decreto violentaba los derechos a la información, la libertad de expresión, la no discriminación y la seguridad jurídica. Por tanto, no era una ley que afectara exclusivamente a las personas que ejercemos el periodismo, aunque los reporteros y corresponsales de Cancún lucharon, aún en medio del hostigamiento y la represión, para que fuera impugnada.

Vale entonces recordar, a un año de aquel decreto, la posición de reporteros y corresponsales que fue difundida, en su momento, sólo por dos medios locales, uno regional y la mayoría de medios nacionales:

Diputados de la XIV Legislatura de Quintana Roo:

Nosotros, reporteros de los principales medios impresos y electrónicos de Cancún, decidimos manifestar nuestra posición sobre la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y proponer, con base en este análisis, los mecanismos de protección para ejercer nuestro trabajo.

Consideramos que:

La iniciativa de ley que ingresó al Congreso el gobernador Roberto Borge, es sólo un reflejo de la situación en la que actualmente ejercemos el periodismo en Quintana Roo y, por lo mismo, la XIV Legislatura estaría legalizando, con su aprobación, el control piramidal que el Poder Ejecutivo ejerce en esta entidad sobre los demás poderes incluido, en nuestro caso, el llamado “cuarto poder” que, en la práctica, debería ser el eje que equilibra la balanza entre el poder (político) y la sociedad civil, lo cual implica proteger también los derechos de la audiencia.

En primer lugar este proyecto de ley, en su artículo 3, fracción VI, determina a la libertad de expresión como “prerrogativa” y no como derecho humano. Eso significa –además de un atraso político de décadas en nuestro estado- que el Ejecutivo estará facultado, por decreto, a conceder como un favor la libertad de expresión, pues al no considerarla como un derecho niega que sea inherente a toda persona y de antemano, evade cumplir con sus obligaciones de protección y garantía de la libertad de expresión.

Nuestra propuesta es que se modifique este artículo en los términos que marca el artículo 1 de la Constitución Mexicana, pues es la base que sostiene cualquier iniciativa enfocada a proteger el ejercicio del periodismo.

También proponemos, con base en nuestra experiencia diaria como reporteros, que se incluya un artículo referente a una de las situaciones que vulneran en Quintana Roo nuestros derechos, garantías y seguridad profesional y personal: los ataques, intimidación, amenazas y campañas de desprestigio que la mayoría de las veces están dirigidas contra nuestra persona o familiares.

En este sentido, solicitamos al Congreso de Quintana Roo que legisle a fin de que se les prohíba a las autoridades estatales realizar manifestaciones públicas para atacar y amedrentar a periodistas y, en general, a ciudadanos. El hostigamiento mediático realizado por funcionarios públicos de ninguna manera está protegido por el derecho a la libertad de expresión; por el contrario, es considerado un mecanismo para disuadir a cualquier persona que emita una crítica al gobierno.

Como base legal, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha determinado claramente que las autoridades en ejercicio de la libertad de expresión, se encuentran de igual forma sometidas a ciertas limitaciones y deben hacerlo con una diligencia aún mayor que la debida a cualquier persona, en razón de su posición como autoridad.

Sería conveniente que el Congreso de Quintana Roo determinara, en estos casos, procedimientos de protección, denuncia, juicios y sanciones jurídicas, incluso la cárcel, contra las personas que cometan estos ataques hacia periodistas que, en la mayoría los casos, son críticos al gobierno. De otra forma, esta ley será una simulación.

Consideramos también que:

En el Capítulo V de esta iniciativa de ley, se tergiversa y oficializa el Secreto Profesional en el ejercicio del periodismo, cuando se dictamina que: “las personas Periodistas deberán abstenerse de proporcionar información que reciban, conozcan o tengan en su poder y que sea considerada de carácter reservada como lo establece el Artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la citada Entidad Federativa”.

En el artículo 21 de la Constitución estatal se establecen los principios y bases para que una información sea pública o reservada temporalmente, pero sólo cuando está en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal. Por tanto, esta iniciativa de ley nos considera, a los periodistas, como parte de la estructura de gobierno violando, tácitamente, la libertad de expresión al tergiversar el Secreto Profesional que en el ejercicio del periodismo significa el derecho del periodista a reservarse la identidad de sus fuentes; a que no se le requieran datos o hechos que no hayan sido publicados y que formen parte de las investigaciones periodísticas; y a que no sea objeto de inspección o aseguramiento de su equipo, notas, registros o archivos personales o profesionales que busquen identificar las mismas fuentes.

Asimismo, en el artículo 12 se tergiversa la Cláusula de Conciencia en el ejercicio periodístico, y se restringe a la supuesta libertad del periodista para renunciar a su empleo cuando no esté de acuerdo, en términos éticos, con el manejo de la información y se niegue a poner su firma o colaborar en la transmisión de hechos o declaraciones alteradas por el propio medio. Esta Cláusula, que en México como en otros países defiende la libertad de pensamiento y el código de ética del periodista, omite el derecho de los reporteros a que su libertad de expresión o ideológica y sus principios éticos no deben ser sancionados ni motivo de despidos que, en estos casos, serían injustificados. Este proyecto de ley, sin embargo, sencillamente nos decreta que renunciemos, y ni siquiera determina la obligación de las empresas a una justa indemnización.

De igual forma, en los artículos 13 al 16 la citada iniciativa de ley vuelve a restringir la labor de los periodistas, al establecer disposiciones para la acreditación a fin de acceder a actos e instalaciones públicas, dejándola a la discrecionalidad y arbitrio de las autoridades del mismo gobierno que determinarán también quién es o no periodista en esta entidad.

Primero, los programas de acreditación pueden constituir una fuente de abuso por parte de las autoridades, pues éstas podrían negarla a periodistas que, por ejemplo, sigan una línea crítica al gobierno, restringiendo el derecho a la libertad de información.

Consideramos, por tanto, que el procedimiento de acreditación podría ser susceptible de injerencias políticas, y ser una restricción de los derechos establecidos en los artículos 6 de la Constitución Federal, así como en el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Segundo, en esta iniciativa se determina que el Estado impulsará, en conjunto con “organismos civiles de periodistas debidamente reconocidos”, la celebración de convenios de colaboración para la “profesionalización” de periodistas. Nuestra preocupación es en el término de “debidamente reconocidos”, pues como en el tema de la acreditación se establece aquí una condicionante donde el gobierno se erige como censor para otorgar el “debido reconocimiento” a determinadas asociaciones u organizaciones sociales de periodistas.

Esto genera un amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad por parte de las autoridades de Quintana Roo al momento de determinar quién debe estar o no reconocido, y sobre todo pondría en riesgo o en duda la independencia de las mismas organizaciones cuya naturaleza debe ser precisamente de carácter civil, no gubernamental, y fungir como contrapesos al poder estatal.


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