Abengoa, ¿ahora Nuevo Pemex?

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Abengoa México logró salir del concurso mercantil el 16 de junio de 2017, tras firmar un convenio respaldado por el 95.7% de los acreedores totales y por el 83% de los acreedores comunes, básicamente tenedores de bonos, bancos y proveedores.

El convenio, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil a cargo de Gabriela Elena Ortiz, prevé una reestructuración de la deuda contraída, hasta dejarla en su valor nominal. Comenzará a liquidarse en marzo de 2018 y el proceso está previsto que concluya en diciembre de 2021.

Sin embargo, apenas el 30 de agosto una sociedad de la empresa dirigida aquí por Fernando Martínez Salcedo, concesionaria del Acueducto del Zapotillo, hizo público un escrito de renuncia sin responsabilidad a la concesión, opción que se recogía en el contrato que Abengoa firmó en 2011.

La multinacional hispana que preside Joaquín Fernández determinó salir del proyecto para evitar dedicarle más tiempo, dinero y recursos, y reclamará una compensación por las inversiones acometidas. La concesión, por 25 años, tiene una facturación estimada de mil 84 millones de euros.

El acueducto de 139 kilómetros de longitud suministrará agua a más de un millón y medio de personas en Los Altos de Jalisco y León. Abengoa participaba en un consorcio con la Comisión Nacional del Agua, de Roberto Ramírez, y el Fondo Nacional de Infraestructura, de Antonio González Ortiz Mena.

También apunte a la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato y Sapal, pero hace tres meses la española alcanzó un acuerdo con Prana Capital para traspasarle el 80% del proyecto, firma que concluirá el proyecto. Conagua ya anunció que se reserva acciones legales contra Abengoa México.

El acueducto de El Zapotillo figura en el plan de viabilidad de Abengoa como uno de los proyectos clave para repagar la deuda contraída con hedge funds y bancos, que inyectaron mil 200 millones de euros para salvarla. Ese plan lo diseñó Alvarez & Marsal, que funge como principal asesor de la compañía.

La situación de Abengoa guarda cierta relación con la sucesión de rescisiones de contratos que sufrieron Isolux y Duro Felguera, y que han motivado la salida de Banco Santander, que encabeza Ana Botín, de sus respectivos planes de viabilidad.

El plan de reestructuración por mil 200 millones de euros permitió al grupo recibir entre 475 millones y 550 millones de euros de nueva liquidez. De esa cantidad, 220 millones se reservaron para terminar su proyecto estrella, el tercer tren de la planta de cogeneración de Nuevo Pemex.

Este negocio con la empresa capitaneada por José Antonio González Anaya ya está muy avanzado, aunque debería haberse entregado en el primer trimestre de 2017. Ahora habrá que ver cómo puede influir la nueva situación en la entrega y cobro de este proyecto.

La empresa también acaba de desprenderse este mes de la central de ciclo combinado Norte III que la CFE, tripulada por Jaime Hernández, le adjudicó hace unos años. Se la traspasó a la australiana, Macquarie que lleva aquí Jaime Lara, y a la italo-argentina Techint, de Paolo Rocca.

ESPACIA AVANTE

A propósito de españoles, apenas el jueves pasado sesionó el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Se dio por bueno el proyecto del magistrado Gonzalo Hernández y se resolvió en definitiva la disputa entre Martinsa-Fadesa, representada por el abogado Carlos Villasante y hoy dirigida por los liquidadores concursales, Antonio Moreno y Antonia Magdaleno, y la empresa Espacia Avante, de Manuel Jove, patrocinada por Jorge Gastélum. En la última instancia legal se falló a favor de éste la cantidad adeudada de 97 millones de euros, más accesorios, después de una batalla legal que duró más de siete años y que incluyó concurso mercantil en La Coruña, España, concurso mercantil en México, y todo tipo de denuncias penales sobre el precio de la operación y muy específicamente aquí ante la PGR por haber ocultado en la contabilidad este pasivo, historia que en este espacio le fuimos contando.

TLACUA REGRESA

Otro concurso mercantil del que apenas le dábamos cuenta la semana pasada es el de Alta Grupo, que fundaron Luis López Panadero y Salvador Abascal, el primero prófugo y el segundo recluido ya en una prisión por un desfalco de unos cuatro mil 300 millones de pesos que afectó a cerca de dos mil 900 personas. Le informaba que el expediente se radicó en el Juzgado Séptimo Civil de la CDMX. ¿A quién cree que nombró conciliador el Ifecom, la cada vez menos transparente instancia que lleva María Esther Sandoval? Ni más ni menos que a Gerardo Badín, quien llevó el fallido proceso de Mexicana de Aviación. Aquí la juez concursal es Concepción Martín Argumosa. De los principales acreedores de Alta apunte al HSBC de Nuno Matos y Citibanamex de Ernesto Torres, amén de HGC México y Automatización de Servicios Productivos.

 

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