AMPAROS CONTRA LA IMPUNIDAD

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En el mundo no existe un país que pueda pasar limpio una prueba de corrupción pero hay niveles determinados por el grado de impunidad; en Suecia, por ejemplo, la viceprimera ministra Mona Sahlin tuvo que renunciar en 1995 por comprar con la tarjeta corporativa para funcionarios (Riksdag credit card) dos barras de chocolate Toblerone y haber desviado, así, 35 dólares con 12 centavos de los recursos públicos que tenía asignados.

En los registros de esa tarjeta apareció el gasto que no sólo la obligó a renunciar como viceprimera ministra sino también como la candidata más indicada a la Presidencia; además, fue inhabilitada para ocupar cargos públicos en los siguientes 10 años.

Suecia está entre los países menos corruptos del mundo según los índices que nos indican hasta qué grado se desvía el dinero público para aumentar, o crear, el patrimonio de algún gobernante, mientras disminuyen las inversiones, la productividad y los empleos; y el soborno y la extorsión se integran a los pasivos –muy a corto plazo- de las empresas.

México es uno de los países más corruptos del mundo y Quintana Roo, como entidad, ocupa el cuarto lugar en corrupción y el primero en impunidad a nivel nacional; esta última posición es la que les ha permitido a sus gobernantes despojar de bienes a particulares y de recursos a los ciudadanos.

Durante el Foro Empresarial Anticorrupción, hace unos días, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Lamagro Lemes indicó que los costos derivados de la corrupción en México son cinco veces mayores que los del promedio mundial; alcanzan 10% del Producto Interno Bruto del país (más de 100 mil millones de dólares al año), mientras a nivel internacional ascienden a 2% del PIB.

El 44% de los ciudadanos en México, y 37% en Quintana Roo, aceptan haber pagado sobornos, en la mayoría de los casos para agilizar trámites y obtener licencias o permisos. Mientras que, a escala gubernamental, los índices reflejan que en los últimos cinco años el gobierno de Quintana Roo redujo, en mucho, la inversión de los recursos en obras y programas para la población. El porcentaje de inversión pública cayó de 13.2% del presupuesto en 2009, al 6.8% en 2014.

En contraste, la deuda contraída por el estado, que supuestamente sería para financiar esas obras y programas públicos, aumentó en el último año en 225 millones de pesos, hasta ascender a más de 22 mil millones, de los cuales 20 mil millones corresponden directamente al gobierno estatal y el resto, a los municipios.

¿En qué se ha gastado el presupuesto estatal? Sin transparencia ni autonomía de Poderes y, además, con el más alto índice de impunidad, es casi imposible saberlo con certeza más allá de lo evidente.

La impunidad, vemos, es la catapulta de la corrupción.

Según el Índice Global de Impunidad, la mayoría de los delitos denunciados en Quintana Roo no son castigados y, conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cifra negra (delitos no denunciados) es aquí del 91.1%; es decir, sólo 9 de cada 100 delitos se denuncian.

En cuanto a los delitos de corrupción, la cifra de casos denunciados es aún menor: sólo 2% y los responsables son, siempre, mandos inferiores en la cadena de gobierno. Un caso de escandalosa corrupción y, hasta ahora impunidad, en Quintana Roo, es el documentado por Expansión sobre un grupo de funcionarios y ex funcionarios del gobierno estatal, involucrados en operaciones para despojar a particulares y empresas de terrenos y hoteles en Tulum, embargar condominios en Cancún y apoderarse de departamentos de lujo para después venderlos a mitad de precio.

Esas operaciones son revisadas ahora por el SAT, para identificar irregularidades fiscales en declaraciones y pagos de impuestos; por ejemplo, con base en las preguntas que formuló Animal Político a las autoridades hacendarias, los presuntos ex trabajadores que ganaron juicios laborales contra esos particulares y empresas a las que, obligadas a pagar millonarias indemnizaciones, les embargaron terrenos, hoteles y condominios, debieron declarar el nivel de ingresos que, según dijeron, percibían, superior a los 700 mil pesos mensuales y, además, cubrir los impuestos correspondientes.

Mientras esos casos de corrupción se ventilan sin que los responsables hayan sido, hasta el momento, denunciados penalmente –más allá de los medios de comunicación- o llevados a juicio, el gobierno estatal ingresó varias iniciativas al Congreso local que, en un tris, las aprobó para reformar varias leyes e, incluso, el Código Penal, a fin de que el delito de peculado ya no sea grave y alcance fianza.

Con esas reformas, la penalidad en delitos de corrupción y tráfico de influencias se redujo de 11 a 5 años máximo (pueden ser hasta 6 meses de cárcel) y, además, el plazo de prescripción para investigar y perseguir esos delitos se acortó a un máximo de 3 años; si en ese lapso no se presenta alguna demanda, queda sin efecto cualquier acción penal.

En ese sentido Ciudadanos por la Transparencia dio a conocer ayer martes diez demandas de amparo que, junto con otros ciudadanos, han empezado a promover ante los tribunales contra las iniciativas del gobierno estatal que fueron aprobadas por el Congreso y que, dijeron, “violan los derechos de los ciudadanos porque van en contra de los principios de democracia, gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas”.

“La corrupción nos afecta a todos porque recae sobre los bienes públicos, sobre el dinero y los impuestos que todos pagamos. La forma de combatirla es la participación ciudadana a través de una ciudadanía inteligente y organizada que tome las acciones para frenarla y combatirla”, señaló la organización civil.

En contraposición, las detenciones arbitrarias han sido una práctica generalizada en Quintana Roo. El informe “Defender los derechos humanos en México: la represión política” ubicó al estado en el cuarto lugar nacional en cuanto a represión y detenciones ilegales en 2015.

La represión, vemos, es el brazo fuerte de la impunidad.

Esa cadena, que nos aprisiona en el despojo y la pérdida de recursos, explica cómo cualquier gobernante puede salir aquí a la calle o en fotos de primera plana, luciendo una imagen limpia que no corresponde al desvío de recursos que se le atribuye y que multiplica por miles de millones el costo de dos barras de chocolate. En Suecia, y otros países menos corruptos, en ningún restaurante tendría mesa.


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