Corrupción y elecciones

corrupción y elecciones

Reforma.com

Por: Santiago Nieto Castillo

Creo en el Estado Constitucional de Derecho y en los procedimientos jurídicos de todas sus instancias nacionales y supranacionales. Como expuse en su momento no violé ninguna ley y pese a ello permanezco denunciado ante distintas instancias. Creo también en el juicio de la historia, la que se está configurando ante el caso Odebrecht.

Por ello, es importante reflexionar y sobre todo actuar, desde la trinchera particular de cada uno -hoy lo hago como académico de la UNAM- en cómo mejorar la calidad de la democracia a partir del combate al financiamiento ilícito en los procesos electorales. En otras palabras: cómo alcanzar mejores estándares de la integridad electoral. Sin duda, es el gran reto que enfrentamos todos los países de la región, y que para el caso de México adquiere un lugar prioritario de cara a las elecciones más complejas de la historia de nuestro país.

Parto de una premisa: La corrupción inicia en las campañas electorales. Tal vez no en todas. Tal vez no siempre. Cierto es que pueden generarse actos de corrupción en el ejercicio gubernamental que no se vinculen de forma directa con las elecciones. Pero no podemos ignorar que hay un componente importante de actos de corrupción que se pacta en los comicios. Acuerdos entre candidatos y autoridades gubernamentales para desviar recursos a las campañas, en ocasiones con empresas fantasma, en ocasiones al retener salarios a los trabajadores. Componendas de los candidatos con empresarios -fraccionadores o carreteros-, para asegurar contratos futuros a cambio de aportaciones en dinero y en especie durante el proceso electoral. Flujo de recursos de procedencia ilícita en algunas regiones o simplemente prohibidos por la ley o no reportados al INE; recursos en efectivo provenientes de mercados y centros de vicio.

Conductas que lesionan dos principios constitucionales: la equidad y la imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos, contempladas por el numeral 134 de la Constitución. También la libertad del sufragio. Todos estos son hechos que, bajo ninguna circunstancia, podemos soslayar ni minimizar.

Para quienes piensan que ganar es lo único importante en las elecciones, creo que hay que recordarles las bases en las que descansa un sistema democrático: la garantía de que las minorías se pueden convertir en mayorías a partir del respaldo de la ciudadanía. Y señalar que en una democracia nadie gana todo y por tanto nadie pierde todo, lo que mantiene la solidez del sistema electoral. No se puede ganar a costa de todo, ello sólo debilita la legitimidad de las instituciones encargadas de organizar y calificar los comicios así como de la autoridad gubernamental, lo cual, bajo ninguna circunstancia es ni democrático ni aceptable.

Soy de las personas que sostiene que tenemos un sistema electoral sólido -un trípode- replicado en las entidades federativas, pero es responsabilidad de todas y de todos proteger y velar por el adecuado ejercicio de la función electoral. En todos sus espacios. Es responsabilidad de todas y todos construir unas elecciones sin corrupción.

Lo que es una realidad es que, al día de hoy, existe absoluta incertidumbre de quién ganará la contienda de 2018. Esa incertidumbre es la mayor certeza de la democracia. Es nuestra mayor Fortaleza. No obstante, sea quien sea, creo que habrá que mirar la historia para reformular todo el modelo de control y combate a la corrupción, de forma más intensa que la “renovación moral de la sociedad” que impulsó De la Madrid para separarse de la corrupción imperante en el gobierno anterior. Tendrá que ser algo de mayor calado. Que brinde confianza en las autoridades y legitime la consolidación democrática de México. De lo contrario, silencio y desencanto, porque las surcos que sembramos -citando al jurista- habrán sido arados en el mar.

El autor fue titular de la Fepade.


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