El Congreso Local

carlos joaquin 718x400

Según el IMCO, el Congreso de Quintana Roo es el número 13 según el presupuesto ejercido entre el número de diputados que tiene, al año gasta 13.6 millones por diputado. Es altísimo: en Puebla la cifra es de 3.5 millones por cada uno de los 41 diputados; el presupuesto de nuestro Congreso es mayor que el de Campeche y Yucatán juntos. Según el mismo grupo de cabildeo, cada iniciativa le costó a los quintanarroenses 26.2 millones de pesos.

En realidad esas cifras dicen poco del trabajo legislativo, porque no toma en cuenta los dictámenes. Lo importante es cómo se usa el dinero, además claro de si la carga presupuestaria es razonable para las condiciones del Estado y lo mismo aplica a cada uno de sus poderes y órganos. Decir que una iniciativa cuesta 26.2 millones puede parecer escandaloso pero en realidad no a alude al trabajo legislativo propiamente.

Los problemas son otros: el Congreso del Estado gasta dinero sin rendir cuentas realmente y sin transparencia; los diputados carecen de formación legislativa, no tienen personal destinado realmente a la elaboración legislativa, porque tienen una Dirección Jurídica que los mismo hace iniciativas que las dictamina en contra, a despecho de la especialización y responsabilidad de las comisiones; hay poco debate fundado y menos estudio de fondo. Además, nula investigación, la cual es indispensable para que una legislatura haga su trabajo debidamente. Ya no hablemos de informes legislativos austeros, republicanos y transparentes, puestos a la crítica de la opinión pública

Hace años tuve la oportunidad de conversar largamente con una miembro del staff de la entonces Senadora Hillary Clinton. Estaba sorprendida por el poco personal de los diputados federales, en cuyas oficinas coincidimos, así que le pregunté cuántos trabajaban en la suya: cuarenta personas en dos oficinas y eso porque Clinton acababa de entrar a la legislatura y no presidía ningún Comité. La mitad del personal estaba dedicado a atender a los constituens (electores) de la Senadora, vía email o en la copiosa correspondencia física que incesantemente llega a los legisladores. El resto al trabajo legislativo, que es mucho y buena parte de ellos al presupuesto, tema álgido por el que los senadores son objeto de gran presión.

A lo largo de década y media he podido asesorar legisladores de un modo y otro, entre los cuales hay algunos realmente preocupados por su trabajo, pero rodeados de muchos que no; he llegado a la firme convicción de que necesitan personal muy capaz y preparado, pero prefieren con frecuencia rodearse de cuates; que necesitan trabajo político serio pero reducen su comunicación a esquemas muy primarios y empíricos, hechos de manera “instintiva”; que tienen recursos, pero prefieren mil veces los “gastos de gestión” a una nómina seria y estructurada en base a capacidades, donde gente con convicción republicana pueda hacer carrera y acumular experiencia; que son “gestores” más que legisladores, haciendo a un lado la razón por la que les pagamos; que creen que ser diputados es una especie de privilegio y no un servicio, por el cual no deben rendir cuentas.

Lo que esperamos de esta legislatura, más allá de ajustes presupuestarios, son los juicios políticos contra los funcionarios salientes, que de la existencia de irregularidades todos sabíamos; necesitamos de menos declaraciones y más debate, de menos boletines y más dictámenes, de menos “ajustes” y de la más completa transparencia. Queremos saber cuánto gastan en casa cosa, qué hacen los inscritos en la nómina.

Exigimos al Congreso del “cambio” que haga las cosas distintas, y sea el buen legislador que por su casa empieza.


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