Entre la oportunidad y el oportunismo

miguelramon

Por Adriana Varillas

Estoy tentada y, al mismo tiempo, me resisto a tocar el tema del recién nombrado Equipo de Transición del gobierno de “las oportunidades”, porque es muy pronto para meterse en problemas. Sin embargo, me gana ese factor del Periodismo llamado precisamente, “oportunidad”.

Me refiero a ese elemento que despierta el interés por una noticia o texto y que proviene del momento histórico actual, inmediato, cercano… oportuno, con el que se escribe un texto periodístico, con la finalidad de dar luz sobre un tema.

Bueno, no es este un tratado filosófico sobre “la oportunidad”. Aunque, pensándolo bien… me hace pensar en que no es lo mismo oportunidad, que oportunismo.

Ayer se anunciaron los nombres que integran el equipo de Transición del gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, es decir, el grupo encargado de recibir el status que guarda la saliente administración de Roberto Borge Angulo.

En la lista hay nombres que brillan y otros que hacen ruido, como era de esperarse, para bien o para mal. Un mismo personaje puede generar el aplauso de unos y la rechifla de otros; llevarse las palmas por entero o el abucheo general.

Quizá en esa última e incómoda posición esté Miguel Ramón Martín Azueta, quien intensificó el malestar que un grupo dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sentía hacia él, al abandonar al tricolor para unirse a Joaquín González, también separado de dicho instituto político al enfrentar la hostilidad y la franca exclusión local como aspirante a la gubernatura.

Pero si Carlos fue recibido con los brazos abiertos por la coalición PAN-PRD, Martín Azueta cayó de peso en la oposición, que durante la campaña lo vio con reservas y desconfianza. Tampoco a él se le veía muy cómodo o contento, hay que decirlo.

Miguel Ramón sirvió muchos años al villano favorito del estado, el ex gobernador, Félix González Canto. La nómina del Quintanarroense, periódico que fundó hace una década o más, fue alimentada por el entonces mandatario estatal, hasta que le cerraron la llave y el diario se acabó.

Después del atentado armado del que fue objeto en la carretera federal, en el tramo de Puerto Morelos hacia Cancún, desapareció de la escena pública.

Identificado como un personaje con más obscuros que luces, yo lo recuerdo cómo alcalde de Solidaridad, en el trienio 1999-2002, cuando “vio la oportunidad” de echarse a la bolsa a la sociedad civil y lavar su imagen. Hay quienes calificarían aquello como un destello de “oportunismo político”.

Era diciembre del 2000. El Grupo Sol Meliá, Galapazul, Mogan Promociones, Aldeas de la Costa Maya y Corporación Hotelera Hispano Mexicana, pretendían construir cinco hoteles en las playas de Xcacel-Xcacelito, Santuario de la Tortuga Marina; el Grupo Ecologista del Mayab (Gema) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) tramitaron un recurso legal y consiguieron que un juez suspendiera la construcción del megaproyecto en tanto se resolvía el tema.

La suspensión se condicionó a una fianza millonaria que fue exhibida –sorpresivamente- por el ayuntamiento de Solidaridad, presidido por Miguel Ramón, quien además negó la licencia de construcción al megadesarrollo que sumaría mil 451 cuartos e invertiría 200 millones de dólares en aquellas playas cercanas al poblado de Chemuyil.

Entre los inversionistas circuló la versión de que el entonces edil quiso –supuestamente- extorsionarles a cambio de liberar permisos; como no aceptaron, el munícipe se les fue encima; otra lectura atribuía la actitud de Martín Azueta al interés legítimo para hacerse de buena fama y abonar a su carrera política, en nombre de sus aspiraciones por gobernar Quintana Roo, alguna vez.

Lo cierto es que con esos antecedentes, Miguel Ramón es un personaje, digamos que, incómodo, que no abona a la imagen, ni del nuevo gobierno, ni del capitán de ese barco. Es de esas elecciones desconcertantes, para mal.

En el equipo de Transición hay un ex funcionario que goza de buena fama pública por su atinado desempeño como coordinador regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), sobre todo después de su defensa casi heroica del Parque Nacional Tulum (PNT), área natural protegida decretada por instrucción presidencial en los 80’s.

Todavía recuerdo que Alfredo Arellano Guillermo, en 2008, aún al frente de la Conanp a nivel regional, recibió una “advertencia” desde los micrófonos del noticiario oficial del gobierno estatal, Enfoque Radio, lanzada por el actor, Roberto Palazuelos, quien le recomendó tener cuidado, porque había quienes “le traían ganas” y quizá a “alguien” se le fuera a “escapar un tiro”. Los ambientalistas cerraron filas con el funcionario.

Arellano traía fritos al Diamante Negro, a Félix González Canto y a otros políticos y empresarios con intereses en la poligonal del Parque Nacional Tulum.

El funcionario era pieza clave en la controversia constitucional que la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), promovió en 2008 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del ayuntamiento de Solidaridad, presidido por… estemmm, por… uhmmm, por… Carlos Joaquín González, quien se había empeñado –a través del Programa de Desarrollo Urbano (PDU)- en densificar el polígono de Tulum, decretado como Área Natural Protegida, invadiendo así facultades y competencias federales.

La Corte resolvió en 2010 en contra del ayuntamiento, dejando sin efecto el PDU en el Parque Nacional, pero ya no estaba ahí Carlos Joaquín para encarar el revés y Tulum se había convertido en el noveno municipio, separándose de Solidaridad.

Seis años después uno invita al otro, a trabajar en equipo. Mas de uno se pregunta en qué momento dos funcionarios, aparentemente enfrentados en alguna época, hicieron las pases y a partir de qué.

Y más de uno –sobre todo en el sector ambiental- aplaude la madurez para reconocer la experiencia y trayectoria de un personaje como Arellano e incorporarlo al gobierno, pese a aquella pasada fricción. Es de esas decisiones desconcertantes, para bien.

Sobre el resto de designaciones para el Equipo de Transición, me referiré rápidamente a Marisol Vanegas, en Turismo, quien domina el tema y quien se ha distinguido además por su persistente participación ciudadana, desde la academia, dentro de comités, en foros, en colectivos, dentro de una oficina, un aula o en las calles, marchando por causas en las que ha creído, con posiciones –aceptables o discutibles- pero fundamentadas.

Respaldada o criticada, su inteligencia y conocimiento son respetados en distintos sectores; ha incursionado en temas que rebasan lo turístico y tocan el ámbito comunitario, social, ambiental, urbano y de transparencia.

Estuvo a cargo del Programa Sectorial de Turismo, si no mal recuerdo, en 2007; elaboró el Estudio de Cuenta Cuartos, presentado por la Universidad del Caribe y también el Estudio sobre Trata de Personas en Cancún-Playa del Carmen, Acapulco y Vallarta, conjuntamente con el Observatorio de la Violencia de Género, por encargo de la Sectur.

Cynthia Dehesa, en Transparencia, cuyo trabajo para fomentar el gobierno abierto, la iniciativa 3 de 3 y la homologación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, ha sido fundamental para la ciudadanía. Su designación es garantía de conocimiento, dominio del tema, manejo e interlocución con sociedad civil e iniciativa privada.

Por último, citaré a un trío de nombramientos que seguro ha dividido opiniones: El expresidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde, como enlace en la Secretaría de Gobierno; su ex director del Instituto de Planeación (Implan), Eduardo Ortiz Jasso, como enlace de Desarrollo Urbano; y el ex candidato a gobernador que sustituyó a Greg Sánchez cuando fue encarcelado en 2010, Gerardo Mora, en gestión de Recursos Federales.


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