La violencia institucional en Quintana Roo

reyna

Hace un rato que debí haber hablado sobre una sentencia insólita: La de la absolución de Reyna Gómez Solórzano, una mujer de 40 años que fue víctima de violencia feminicida por parte de su pareja sentimental, quien pudo haberla matado, si no es porque ella se defendió y lo hirió con un arma blanca.

Desgraciadamente el sujeto, quien acostumbraba golpearla, murió, ante la tardanza de los servicios médicos para atender al herido; ella fue detenida, encarcelada y condenada a purgar 25 años de cárcel, en Chetumal.

Si bien Reyna confesó que había matado a su compañero y agresor en defensa propia, los agentes judiciales –ahora denominados, ministeriales- la torturaron para que se declarase culpable, sin atenuantes.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO) intervino y emitió una recomendación por “trato cruel y degradante, detención arbitraria e incomunicación”, en perjuicio de Reyna. De poco sirvió, al igual que los testimonios de empleadores, amigos y vecinos de la mujer, quienes coincidieron en ubicarla como víctima de violencia doméstica.

Todo el peso de la ley cayó sobre ella, pues para el juez Daniel Farah, no resultó relevante que la mujer pudo haber sido la asesinada, de no haber intentado defenderse de su constante agresor.

El caso cayó en manos del Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche y de activistas de Quintana Roo, quienes denunciaron las “graves violaciones al debido proceso, a la debida diligencia y a los derechos humanos” de Reyna.

La Red de Feministas Peninsulares y el Observatorio recurrió a la Clínica Psico Jurídica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que aportó soporte legal con Perspectiva de Género, en la carpeta de alegatos que entregaron al juez de control que llevó el tema.

En junio pasado la sentencia original –la de 25 años- fue anulada, al confirmar los vicios de la investigación cometidos por la Policía Ministerial. Se abrió un nuevo juicio y el 29 de julio, en juicio oral, el juez absolvió a Reyna del delito que le fue imputado.

Para el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, la sentencia es histórica porque por primera vez un juez incorpora dentro de sus criterios, la Perspectiva de Género, es decir, el análisis de la situación y de la condición de la inculpada, como víctima de violencia feminicida que, al tratar de defender su propia vida, hirió a su agresor, lesión que al no ser atendida a tiempo, le provocó la muerte.

Reyna salió de la cárcel de Chetumal y se reunió con su hijo, un muchacho invidente, cuya vulnerabilidad aumentó ante el encarcelamiento de su madre. El encuentro entre ambos fue emotivo y había planes para que la mujer se reincorporase a su vida cotidiana.

Sin embargo, ayer el Observatorio y la Red de Feministas Peninsulares recibieron un balde de agua fría. Reyna fue notificada de que la Fiscalía General –la misma que trabaja sin poseer protocolos de Feminicidio, ni de Órdenes de Protección y que fue ubicada dentro del Informe del Grupo de Trabajo de la Conavim, como una dependencia que ejerce violencia institucional contra las mujeres- apelará la sentencia absolutoria.

Y no sólo eso. Reyna denuncia que desde que dejó la cárcel ha sido hostigada y amenazada por agentes ministeriales y personal de la Fiscalía, de que volverá a prisión cuando ellos lo decidan.

Este tipo de acciones por parte de la institución, confirman el contenido y los comentarios de las y los especialistas que emitieron 11 recomendaciones al gobierno de Quintana Roo, respecto a la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG), presentada por el Consejo Estatal de Mujeres, el cuatro de diciembre de 2015.

En un apartado, el grupo de trabajo de la Conavim habla de la violencia institucional ejercida principalmente por ministerios públicos, médicos y otros funcionarios, en contra de las mujeres víctimas de violencia.

Uno podría pensar que de acuerdo con el razonamiento de la Fiscalía, era preferible –como ocurre en muchos casos- que la muerta fuese Reyna. A ninguno ahí, parece entrarle en la cabeza que las agresiones de su pareja la colocaron en la disyuntiva de elegir entre su vida o la de su victimario. Y eligió la suya.

Me cruzan por la cabeza las palabras de la criminóloga, Mónica Franco, quien en marzo de este año propuso que habría que tipificar un nuevo tipo penal: El suicidio feminicida, consistente en la muerte que se provoca la víctima, al ser objeto constante de una violencia extrema de la cual quiere escapar.

Quizá el camino ideal que, para la Fiscalía General de Quintana Roo, debió seguir Reyna o cualquier otra mujer, constantemente golpeada, humillada y vejada por su pareja, es aguantarse, esperar a que su agresor la mate o de plano quitarse la vida. Todo, antes de defenderse, no sea que el peso de la ley y la justicia quintanarroense, le caigan encima.

El mensaje es brutal y tendría que llegar a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado, Karla Rivero, para apremiarla acerca de la urgente intervención en el caso y la indispensable capacitación de entes más parecidos a cavernícolas, que a servidores públicos.

Del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), no hay mucho que esperar, sinceramente. A ver si la sorpresa la da el ombudsman, Harley Sosa o el Instituto Nacional de la Mujer (Inmujeres), que por un caso menor, pero muy, muy político, hizo un gran escándalo durante el periodo de campaña electoral. Lo malo es que las elecciones ya acabaron. A ver con qué sale la autoridad.


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