Periodistas demandan cambios

primera (2)

Como nunca antes en la transición del poder estatal, periodistas, activistas y sociedad civil participaron ayer martes en el foro “Comunicación, Información y Gobierno” que se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad del Sur, en Cancún, para plantear sus propuestas en torno a tres temas: el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), la relación entre medios de comunicación y gobierno, el respeto a los derechos humanos y el pago de convenios por propaganda oficial.

Enrique Velasco y Juan José Morales abrieron la ronda de las 31 ponencias inscritas. Ambos tocaron el tema del SQCS. Los dos coincidieron en que para rescatarlo, el gobierno debe “apegarse al decreto que le dio vida en 1985, con el objetivo de reforzar la identidad quintanarroense ante la llegada abrupta de miles de personas de otros puntos del país y del extranjero”, señaló Enrique Velasco y lamentó que el SQCS sirva ahora “para la defensa y promoción de unos cuantos”.

Juan José Morales hizo la analogía entre una librería y una biblioteca, para explicar la importancia de devolverle al SQCS sus características originales, “como radio y televisión pública, de Estado -con mayúsculas-, e institucional, no de gobierno ni de una facción”. A la radio y televisión privada la comparó con una librería, “un negocio”, mientras el SQCS “es una biblioteca; un servicio”, dijo, “para promover y generar cultura, identidad, comunidad; para garantizar a todos la libertad de expresión”.

En su turno Rocío Escobedo y Gabriela Cruz, coordinadoras de la Academia y de la Carrera de Ciencias de la Comunicación en la US, señalaron que sin libertad de expresión es como vivir en el oscurantismo, mientras Adriana Varillas, corresponsal de El Universal, hizo un recuento de la “guerra sucia, la persecución y el terror psicológico que se financió (en este sexenio) con recursos públicos, contra los medios de comunicación y las voces ciudadanas que disentían”.

La periodista demandó, así, ante el enlace de Comunicación del gobierno electo, Haidé Serrano: “No repliquen la tentadora escuela del abuso de poder que están heredando. No elijan el autoritarismo”. Y a los colegas, pidió: “Dejemos de confundir, recobremos la dignidad; no somos agentes de Relaciones Públicas ni gatilleros a sueldo”. En ese orden, Varillas exigió transparentar los convenios de propaganda oficial y hacer público a cuánto ascienden, a qué empresas se otorgan y cuál es el costo para los quintanarroenses.

También participaron, entre los 31 ponentes, las académicas María Rosa Ochoa y Celina Izquierdo, y el periodista e historiador Francisco Verdayes.

El tema que, en lo particular, desarrollé, lo comparto en esta columna, concluyendo con 4 propuestas:

tercera (2)

RELACIÓN MEDIOS Y GOBIERNO

Entre los medios de comunicación y el gobierno hay una relación dependiente que daña, como resultado, a la audiencia.

Los medios difícilmente sobreviven, ahora, sin el pago de propaganda oficial.

Desde que inició el siglo, después de la aparición de la primera página web y las crisis económicas sucesivas al atentado en las Torres Gemelas y epidemias como la influenza, los ingresos por publicidad privada se desplomaron en los medios de comunicación tradicionales.

La publicidad privada nos aporta no sólo solvencia en las finanzas; también en la libertad de expresión y el acceso a la información, derechos de los cuales, los periodistas, somos garantes. Entre más autosuficiente es un medio de comunicación, menos depende del dinero público.

Esa balanza, entre los ingresos privados y públicos, está abruptamente inclinada desde hace años. El grado de dependencia de los medios de comunicación hacia el erario es tal, que no se limita sólo al pago de propaganda oficial. En varios gobiernos, por ejemplo, se obliga a las empresas editoriales a firmar convenios en los que se comprometen a no publicar noticias, fotos, comentarios y otras informaciones que puedan desacreditarlos.

Evidentemente, estos convenios contradicen a la Constitución. En la quinta y sexta reforma al artículo 6° Constitucional, en 2014 y 2016, se reconoció el acceso a la información como un derecho fundamental; es decir, un derecho humano que, por lo mismo, es inherente, inalienable, intransferible y debería de ser, entonces, obligatorio. Significa, bajo el principio de Máxima Publicidad, que la información generada y controlada por el Estado no es de interés privado, sino un derecho de todas y todos a estar informados sobre las acciones del gobierno que, para rematar, se sostienen con el dinero que aporta la ciudadanía.

¿Tenemos o no derecho a ser informados? ¿Teníamos derecho a estar informados del incremento de la deuda pública antes de que alcanzara, como ahora, más de 22 mil millones de pesos? ¿Nos debían de haber puesto al tanto de los desvíos de recursos para la promoción turística? ¿Del despojo de franjas costeras, hoteles, condominios, departamentos? ¿De la riqueza acumulada por unos cuantos en el gobierno? ¿De los decretos aprobados por los legisladores que no sólo contradicen a la Constitución sino que nos condenan a un atraso de décadas en derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información pública, rendición de cuentas?

Tenemos el derecho, irrenunciable. Sin embargo, en las pantallas, micrófonos y páginas de la mayoría de los medios locales, se nos niega. En algunos se omite o se oculta la información. En otros se justifica o, de plano, se arman campañas para desacreditar a las fuentes informativas, a los periodistas críticos o a la gente que demanda cuentas.

Estos últimos medios no sólo mantienen con el gobierno una relación basada en contratos de publicidad. De la misma forma opaca en que ejercen el periodismo, reciben millones de pesos mensuales del erario público para sostener (en las pantallas, micrófonos y páginas) la legitimidad de los gobernantes. Una legitimidad que, así, no puede ser más que de papel.

¿En qué nos afecta a los ciudadanos tener medios opacos? Figurativamente, para la ciudadanía es como tener una venda oscura sobre los ojos. Colectivamente es pagar, a la larga, las consecuencias de índices cada vez más altos en impunidad, corrupción, inseguridad, pobreza, ignorancia, autoritarismo. Eso, lo estamos viviendo cotidianamente.

El control de los medios de comunicación por parte del gobierno, ha favorecido la opacidad y el desvío de recursos. Ha respaldado la impunidad en los delitos. Ha contribuido a la inseguridad pública. Ha sido cómplice del autoritarismo. Sin libertad de expresión, y con gran parte de los medios atacando a los críticos, cualquier gobierno autoritario puede hacer lo que le plazca; y cualquier persona que ejerza el periodismo, puede hacer con la profesión lo que le venga, incluso atentar contra los derechos de la audiencia.

MEDIOS Y DERECHOS HUMANOS

El periodismo es, en teoría, el eje de una balanza en la que, por un lado, está el poder y por el otro, la sociedad civil. El eje equilibra. La aguja de la balanza está ahora, sin embargo, bastante inclinada hacia el poder; incluso hacia el poder criminal.

La nota roja se maneja de forma tan irresponsable que se convierte en arma expansiva. Las “cabezas”, repletas de adjetivos y dobles sentidos, aumentan la pena de familiares y deudos. Las fotos, mejor vendidas entre más sangre expongan, causan más sufrimiento a quienes ya lo soportan. En la nota policiaca ya no existen personas ni historias; sólo morbo, sangre, humillación y una ceguera profunda hacia la aguja que debería de apuntar, en el ejercicio periodístico, a favor de la sociedad civil, la misma a la que -¿se nos olvida?- pertenecemos.

Así, el periodista acaba convirtiéndose en perpetrador.

Los medios nos han venido sobre-exponiendo a una información constante que nos predispone a la impunidad y la violencia; al miedo, al sexo indiscriminado, a los delitos; a la disociación comunitaria; en fin, al hartazgo.

Las notas principales son políticas y la comunidad sólo tiene espacio en las portadas a través de imágenes de violencia que son repetidas con información que las trivializa y les resta cualquier carga emotiva, cívica y ética; es decir, son presentadas de la forma más cruda, sin los valores que nos hacen proteger y apreciar la vida propia y de los demás. En esas páginas se ridiculiza la muerte y el dolor “ajeno”.

Ejemplo es un encabezado que decía así: “La mesera ya no sirve”, refiriéndose al asesinato de una jovencita que salía de un bar. Esa madrugada la habían atropellado a la orilla de una carretera. Su cuerpo desmembrado fue así, tal cual, órgano por órgano, publicado. Era una mesera bonita que -según esa “cabeza” en doble sentido- “ya no servía”.

Ejemplo es, también, la columna pornográfica que se publica en un medio local. La pornografía ha estado limitada siempre a ciertas publicaciones y cierto mercado. Hasta la última década del siglo pasado en las universidades, como la UNAM, los estudiantes de Periodismo debían cursar materias jurídicas que nos enseñaban los límites legales a nuestras publicaciones. A partir de Vicente Fox vino la apertura y la mayor libertad de expresión que, sin embargo, en muchos casos ha sido mal interpretada y sobre todo, mal utilizada.

Así, sin supervisión alguna, en esta columna pornográfica se detallan contactos sexuales entre niñas y adultos; jovencitas y violadores; jovencitos y señores; sobrinos y tíos, y todos los casos son descritos detalladamente como placenteros por parte de las víctimas. Es decir, la pederastia, el abuso a menores y las violaciones a mujeres dejan de ser delitos para convertirse en fuentes de placer. Y ese periódico, uno de los más favorecidos con los recursos públicos, cuesta en el mercado cinco pesos.

Por eso en los talleres mecánicos y los campamentos de albañiles van coleccionando como almanaques las páginas de este y otros diarios, también de cinco pesos, donde aparecen chicas menores de edad que ofertan -según los pies de fotos- placer a cualquiera. Tal promoción podría ligarse con los índices de violaciones y asesinatos a jovencitas que han sido cometidos, en cierto grado, por desempleados y trabajadores eventuales que, a la vez, son enganchados en el alcoholismo y la drogadicción por giros negros y traficantes.

La justificación de esos medios es que la audiencia busca eso y, por tanto, es lo que más vende. El daño que se provoca es, sin embargo, inmensamente mayor a lo que pueda obtenerse en ganancias. Un periódico, como dijimos, nunca va a sostenerse con la venta de ejemplares. Se sostiene de la publicidad y otros convenios mercantiles. Es improbable que, en estos casos, las empresas elijan anunciarse entre columnas retorcidas, sangre, violadores y criminales. Es evidente, entonces, que esos diarios se sostienen con recursos públicos, y eso significa que el mismo gobierno de Quintana Roo no sólo no ha cumplido su función sino que ha venido propiciando estos atentados contra los derechos de la comunidad.

Por tanto, se propone:

PROPUESTAS

I. Con fundamento en la Alianza para el Gobierno Abierto, de la cual México forma parte; en el Sistema Nacional Anticorrupción, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el Artículo 6° Constitucional, la ciudadanía debe tener acceso a la información sobre el monto, razón y destino del dinero que el gobierno eroga en los convenios con los medios de comunicación. En ese orden los gobiernos, estatal y municipales, deben hacer pública, periódicamente, la siguiente información:

Año o mes del pago por convenio de publicidad.

Monto o presupuesto destinado a publicidad oficial.

Distribución del gasto en los distintos medios de comunicación.

Proveedores y responsables (medios y razón social) de publicar la propaganda oficial.

Destino, concepto y uso del presupuesto para publicidad oficial.

II. Con fundamento en el Artículo 1° Constitucional, sobre derechos humanos; en los artículos 6° y 7° de la misma Constitución y en la Acción de Inconstitucionalidad 87/2015 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más que proponer, solicitamos a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Quintana Roo que procedan a derogar, anular y desechar (en una palabra, desaparecer) la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, invalidada ya por el Máximo Tribunal en varios de sus artículos. De otra forma ese decreto -mal fundamentado hasta en el título ya que no fue incluyente, ni en la convocatoria, para las y los defensores de derechos humanos-, puede ser retomado para sujetar aún más a los medios de comunicación y desproteger, en consecuencia, los derechos de la ciudadanía.

III. Con fundamento en el Código Penal Federal y en el nuevo Sistema de Justicia Penal en México, se propone que las empresas de comunicación estén obligadas a la actualización y profesionalización de directores, editores y reporteros, y que el gobierno del estado, junto con los poderes Legislativo y Judicial, les faciliten cursos, de ser posible con becas, sobre el nuevo Periodismo Judicial. Una recomendación son los cursos que imparte Marco Lara Klahr, periodista y director del Programa de Medios y Justicia del Instituto de Justicia Procesal Penal; profesor de Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; director de otromexico y editor de presunciondeinocencia.org.mx.

IV. Con fundamento en el Artículo 1° Constitucional, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) y en la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, se demanda a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que cumplan su función, no sigan propiciando y regulen las publicaciones que atentan contra la seguridad e integridad de la mujer y que promueven su desvalorización fomentando, además, la violencia física, sexual y feminicida en su contra.

CONCLUSIÓN: Los medios de comunicación tenemos que encontrar formas más dignas de sobrevivir; formas creativas y, sobre todo, actualizadas a los cambios globales que se están dando en cuanto a derechos humanos, gobierno abierto, transparencia, justicia, equidad y rendición de cuentas, temas que no han sido comprendidos aún por gran parte del gremio.

Consulte en este enlace el desarrollo del foro: https://youtu.be/pw4UNB2WQj0


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