Represión social y privatización de la naturaleza

represión social y privatización de la naturaleza

Adriana Varillas/Radio Fórmula Quintana Roo

Hace un par de semanas, aprovechando que la atención nacional e internacional estaba centrada en frentar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el Senado de la República aprobó otro polémico instrumento legal.

Se trata de la Ley General de Biodiversidad, impulsada por la diputada verdecologista, Ninfa Salinas y cuyo dictamen incluyó la abrogación de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y las reformas a diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Legeepa).

Entre sus varias deficiencias, la Ley General de Biodiversidad permite actividades como la explotación minera dentro de las Áreas Naturales Protegidas, comprometiendo frágiles ecosistemas en importantes zonas del país.

La medida abre con preocupación particular en Quintana Roo, en donde organizaciones ambientales se preguntan si el decreto de la Mega Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano, logrará contener la explotación y extracción de yacimientos de petróleo en s poción marina.

La creación de la Mega Reserva buscaba blindar a un extenso polígono marino, decretado como área natural protegida, de actividades ligadas con hidrocarburos ya previstas, a fin de proteger especialmente a los arrecifes de coral.

Otro de los aspectos más preocupantes relacionados con esta nueva ley, estriba en que legaliza la venta y el patentamiento de conocimientos tradicionales indígenas y campesinos, de acuerdo con la directora del Grupo ETC, Silvia Ribeiro.

La investigadora advierte que la Ley permite a empresas transnacionales, apropiarse de plantas medicinales, semillas, insectos, microbios y otros elementos de la biodiversidad, englobados en el término “recursos genéticos”.

Tampoco se tiene claro cuál es el status en que se dejó la protección de los manglares en México, toda vez que la Ley General de Vida Silvestre fue abrogada, con todo y el artículo 60 TER, que prohibía cualquier obra o actividad que dañara el flujo hidrológico de los humedales.

En teoría, la Ley General de Vida Silvestre fue asimilada por la Ley General de Biodiversidad, que mantiene la protección de los manglares, pero el tema no se ha precisado.

Tampoco se realizaron los foros regionales solicitados por científicos, especialistas y organizaciones civiles, para analizar la iniciativa, de acuerdo a lo admitido por la senadora, Silvia Garza, quien reconoció que con la explotación minera dentro de áreas naturales protegidas, se permite la intervención de extranjeros en esos espacios reservados, para beneficio de transnacionales.

En resumen, con la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Biodiversidad, el Senado aprobó, el 15 de diciembre pasado, militarizar la seguridad pública en México, legitimar el despojo y privatización de los recursos naturales y, de paso, reprimir a quienes se quejen de ello y de lo que venga, a partir del 2018.


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Diseñado por Octopus Agencia de Marketing Digital