Tulum, “la magia” de un Pueblo Mágico

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Tulum es realmente un Pueblo Mágico, en donde de la noche a la mañana, una puede perderlo todo: Casa, negocio, trabajo y derechos.

En el noveno municipio de Quintana Roo, decretado como “Pueblo Mágico” en octubre de 2015 por la Secretaría de Turismo (Sectur), bastan dos o tres pases mágicos de “brujos” o “duendes” para que desaparezcan la certeza jurídica, la confianza en las autoridades y en el Estado de Derecho, si es que la había, claro.

Al menos así les pasó a empresarios, empleados, ejidatarios y residentes de Punta Piedra, en el ejido Pino Suárez, cuando la mañana del 17 de junio de este año, un grupo de choque -conformado por centenas de sujetos vestidos con playera negra y la leyenda de “seguridad” en la espalda- se presentaron con elementos de la policía municipal para sacar a la gente de sus hoteles, de sus casas, de sus trabajos.

Ubiquémonos. No es Tulum en los tiempos de un destino turístico que presume de atraer a exclusivas celebridades de Hollywood o a magnates para vacacionar o participar en exhibiciones de moda, en un entorno paradisiaco en donde reina la paz, la armonía y la tranquilidad.

Es un Tulum, onda Edad Media, en donde bandoleros se acompañan de los soldados del reyezuelo en turno para ir a las aldeas y despojar a la gente de sus bienes y de sus tierras.

Así los sujetos de negro, armados con palos y piedras, entraron a los inmuebles, forzaron puertas, tiraron cadenas, rompieron candados y echaron a la calle a quienes se asumen como propietarios legítimos de 16 predios costeros en casi un kilómetro de playas, para ejecutar la orden de desalojo dictada por un juez, radicado en Playa del Carmen.

Resulta que un empresario venido de un reino muy, muy lejano, en el norte del país, se dice dueño de esas tierras localizadas en casi un kilómetro de costa, supuestamente arrendadas a una entrenadora de delfines, quien dejó de pagarle la renta; luego entonces, él inició un juicio en su contra y el juez ordenó la desocupación de los inmuebles.

El problema es que a la mujer nadie la conoce en Punta Piedra, porque evidentemente no arrendaba nada a nadie, por lo que los afectados la ubican como una “figura ficticia” para justificar el despojo, disfrazado de desalojo.

El problema es que a los ocupantes –despojados- nadie les notificó previamente del juicio, menos de que habría un desalojo, así que violentaron su garantía de audiencia, es decir, su derecho a defenderse y exponer su versión de los hechos ante la autoridad.

El problema es que las y los afectados dicen tener documentos que les acreditan como propietarios legítimos y el actuario que los expulsó de sus casas o negocios no les exhibió ningún papel oficial para justificar el desalojo.

Mas bien los gorilas se les fueron encima, como quedó documentado en diversos videos, fotografías y testimonios, en donde se observa incluso a estos tipos, arremeter contra un hombre de la tercera edad, quien es el ejidatario que heredó a su hija el terreno en donde opera uno de los pequeños hoteles desalojados.

El problema es que aunque los afectados ubican a Esteban Schiavon –el empresario regiomontano venido de un reino muy muy lejano- lo desconocen como dueño, porque supuestamente sus escrituras son falsas y no ha podido demostrar que es legítimo propietario.

El problema es que Schiavon Magaña se ha hecho de aliados, como el ex presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, Roberto Palazuelos, quien asegura haber hecho una investigación en el Registro Público de la Propiedad de Playa del Carmen, en donde comprobó que Esteban es dueño legítimo, por lo cual hizo un trato con él para evitar que su hotel –en el tramo desalojado- corriese con la misma suerte.

El problema es que quienes se asumen como legítimos dueños no están dispuestos a pagarle a Schiavon –quien ha buscado negociar con los particulares afectados- para recuperar una propiedad que aseguran, les pertenece.

El problema es que de un día a otro, hay 16 familias directamente afectadas, sin casa, negocio o ambas, que se quedaron literalmente en la calle y tuvieron que pedir alojamiento con vecinos y amigos.

El problema es que además hay un promedio de 200 personas más, que perdieron su fuente de empleo; algunos han tenido que regresar a sus localidades o sus pueblos, fuera de Quintana Roo, al quedarse sin trabajo y sin sustento.

El problema es que los inmuebles desalojados, están ocupados y vigilados ahora por estos grupos de choque, con todo y machete en mano. En las playas disminuyeron los turistas, pero aumentaron los conflictos para recuperar los

predios, de acuerdo con empresarios afectados, que además ven rota la armonía y la paz de la zona.

El problema es que la gente desalojada –entre empleados y dueños- viajó el viernes pasado a Playa del Carmen, para preguntar al juez, Gustavo Efraín Chan Caamal, sobre el acto de autoridad que dictó –el desalojo- y éste les respondió que carecen de personalidad jurídica para tener acceso al expediente, por lo cual no les puede hablar del caso.

En resumen, que aunque les echaron de sus casas y negocios, no son nadie para pedir una explicación.

El problema es que nadie se hace responsable del ataque a la propiedad privada, a los derechos humanos, ni a la legalidad. El presidente municipal, David Balam, no ha podido explicar por qué la policía no impidió a los grupos de choque, arremeter contra ciudadanos o por qué no garantizó que el cumplimiento de la orden del juez, se diese sin violencia. Del juez, ya ni hablamos.

El problema es que los problemas de tenencia de la tierra en Tulum y en buena parte de Quintana Roo son eso, un problema que parece alentarse desde altas esferas de gobierno, en lugar de solucionarse.

No es un secreto que políticos incluso funcionarios locales y nacionales se ven favorecidos por ese desorden.

El problema es que, ante la impunidad y el exceso, cónsules de diferentes países han sostenido reuniones y se plantean seriamente solicitar un encuentro diplomático de muy alto nivel con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

En el caso de no obtener una solución, contemplan pedir a sus países la emisión de una alerta de viaje para inhibir la visita de turistas extranjeros a Tulum, el pueblo mágico en donde todo puede desaparecer.

El problema es que ese 17 de junio, los hoteles desalojados tenían turistas, quienes se quedaron sin hospedaje, sin vacación y con una imagen terrible de gorilas forzando puertas, expulsando a empleados y dueños de inmuebles; gritos, golpes, zarandeos.

Sin duda una “efectiva” promoción de boca en boca que retrate internacionalmente a la selva, como una selva, sin derechos y sin ley.

El problema es que hay un grave problema que ninguna autoridad local, estatal o federal, pretende atender; pareciera mas bien que intentan ocultar, negar o maquillar como “la magia” que envuelve al místico Tulum. Esa bonita costumbre

del Caribe Mexicano en donde nada que atente contra la imagen o los destinos, ocurre, aunque ocurra.


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