UNA INTERPRETACIÓN LEGAL DEL MATRIMONIO IGUALITARIO

matrimoniogual

En días pasados vimos con mucha tristeza la polarización de diversos sectores de la población mexicana a favor y en contra de la formación de familias derivadas del llamado matrimonio igualitario, que en estricto derecho debería llamarse matrimonio a secas, porque es la unión de dos personas para formar una familia.

Es de llamar la atención dado que la imagen que generan hacia los hijos y hacia las propias familias que ellos representan es de una increíble discriminación hacia nuestros semejantes, y no existe nada en la historia de la humanidad que haya traído consecuencias más graves y desastrosas que la discriminación colectiva, como fue en su momento la raza aria de Hitler.

El tema de matrimonios igualitarios no es en sí, un tema de actualidad, ya que en el mundo se legisla al respecto desde los años 80, teniendo ejemplos de países con leyes avanzadas y específicas como Países Bajos, Reino Unido (con excepción de Irlanda del Norte), Eslovenia, España, Bélgica, Canadá, Groenlandia, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Nueva Zelanda, Uruguay, Francia, Luxemburgo, Finlandia, Brasil, Irlanda, Estados Unidos de América, México (aún sin las adecuaciones legislativas en todas las entidades federativas) y Chile, entre otros.

Sin tomar partido por uno u otro bando, desde una perspectiva meramente legal, quisiéramos abordar el presente texto partiendo de lo general a lo particular, por lo que me gustaría iniciar el tema con el conflicto que generaron las reformas civiles y familiares en América Latina, emanado de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en el caso ATALA RIFFO Y NIÑAS VS. CHILE, cuya sentencia se dio el 24 de febrero de 2012, en la que expresamente se señaló que:

… la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana bajo el término “otra condición social” establecido en el artículo 1.1 de la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.”

Derivado de la resolución anterior, la Suprema Corte de Justicia de la nación emitió la JURISPRUDENCIA 43/2015 por reiteración de criterios, misma que fue debidamente fundada y motivada en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales, por lo que además de ser el criterio de nuestro más alto tribunal, es de observancia obligatoria para todas y todos los impartidores de justicia en el país, y que señala que:

pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”.

Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fecha 6 de noviembre de 2015 emitió la RECOMENDACIÓN GENERAL No. 23 SOBRE EL MATRIMONIO IGUALITARIO, que se encuentra dirigida a TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVOS Y ORGANOS LEGISLATIVOS DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, y que expresamente menciona:

ÚNICA. Se adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar con el fin de permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación, en términos del quinto párrafo del artículo primero de la Constitución General de la República.”

Cabe mencionar en negritas y con mayúscula, que la Recomendación de la Comisión Nacional de los derechos Humanos, además de fundarse y motivarse en diversos tratados y convenciones internacionales ratificadas por México -que al establecer derechos humanos tienen por sí mismas el mismo grado que nuestra propia Constitución- hace alusión expresa al Estado de Quintana Roo, como entidad modelo en su legislación civil que permite los matrimonios igualitarios, aunque hace mención de la oposición de la autoridad administrativa a dar cumplimiento a la Ley emanada del Poder Legislativo, lo que generó diversos juicios de amparo que permitieron tales matrimonios, tal como se muestra a continuación:

El caso del Estado de Quintana Roo es singular, ya que si bien es cierto la “forma en que está redactado el artículo 680 del Código Civil de dicha entidad, al utilizar el término “personas”, permite inferir que no existe restricción alguna al matrimonio igualitario, también es cierto que han existido claras reticencias de las autoridades para permitirlo, por lo que dicha disposición normativa solo tuvo efectividad a través de resoluciones judiciales que obligaron a las autoridades a autorizar esos enlaces por vía de interpretación en sede jurisdiccional”

En este sentido, tenemos claro que los tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejecutivo Federal y la legislación civil de Quintana Roo, coinciden en que son legales y posibles los matrimonios entre personas del mismo sexo, dado que cualquier oposición o negativa al respecto es y ha sido considerada como un acto de discriminación que conlleva consecuencias legales para quienes así lo hacen.

Es por ello, que ninguna persona, agrupación social, grupo religioso o autoridad gubernamental puede oponerse a que estos matrimonios de lleven a cabo, ya que ello es actuar en contra del Estado de Derecho y mientras en México exista un orden constitucional y sea un Estado laico, como ciudadanos tenemos la obligación constitucional de acatar el orden jurídico que nos rige.

Quintana Roo por su parte tiene una ventaja, tiene una legislación civil vigente que permite ya, desde hace varios años, el ejercicio libre de matrimonios igualitarios. Únicamente nos resta que la autoridad administrativa, es decir, la dirección general del Registro Civil dependiente de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo, instruya a sus jueces para acatar la legislación en la materia y dar plena observancia a la recomendación general 23 de la Comisión Nacional de derechos Humanos.

¿Para qué entonces tanto brinco, estando el suelo tan parejo? Con marchas y desgarramientos de vestiduras, no vamos a llegar a ningún lado. El Estado de Derecho existe para todos, y por ende, quienes se sienten vulnerados por leyes o actos de autoridad pueden acceder a mecanismos de control constitucional para quejarse en lo privado en lugar de enfrentar a una sociedad moderna causando caos innecesarios en lo público.


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Diseñado por Octopus Agencia de Marketing Digital