Verdades incómodas

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Hace exactamente una semana se desarrolló, en Cancún, un inédito foro, titulado “Comunicación, Información y Gobierno”, convocado desde la academia, para hablar de tres temas fundamentales, al asomo de la nueva administración, que asume funciones el próximo 25 de septiembre.

Los tópicos giraron sobre la relación entre los medios de comunicación y la autoridad; los recursos públicos que la prensa escrita, electrónica o digital, recibe del gobierno y el destino del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), cada uno con sus propios subtemas.

Un foro similar, hace cinco años o durante la presente administración gubernamental, hubiese sido impensable, en un estado en el que los recursos públicos sirvieron para callar a la prensa, hacerla aplaudir e incluso, utilizarla para atacar a adversarios políticos o voces críticas.

Tampoco es nada nuevo, salvo porque el componente de terror sembrado, de excesos y de ruindades, superó cualquier otra época conocida en el estado

Mientras se pagó –cuando se pagó, porque aún se deben millones- Quintana Roo fue en planas y planas, el paraíso cuya bonanza económica y social se reflejaba portada tras portada.

El desempeño de las autoridades era ejemplar y no alcanzaba la tinta para regodearse de tantos aciertos en ese mundo paralelo que se impuso en cualquier espacio informativo, al margen de la realidad, desapareciendo todo asomo de crítica.

Las voces rebeldes se fueron apagando a golpe de “campañas negras” dirigidas a minar la imagen y credibilidad de quienes disintieran de las versiones oficiales. La gente apagó algunos noticiarios o dejó de comprar periódicos y eso aumentó la crisis económica de varios medios, haciéndolos aún más dependientes de la cadena institucional del amo.

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Bajo ese son, empresas de información se vieron afectadas o enormemente beneficiadas, dependiendo del caso. Sin embargo, el perjudicado –siempre- fue el lector, la audiencia, la ciudadanía, violentado su derecho constitucional a acceder a la información libre y verazmente. Ni se diga el Derecho a expresarse.

Ante el ocaso de la tiranía caribeña, el paraíso de tinta se ha ido esfumando de las portadas, reflejando doloras e indignantes realidades que no desaparecieron de la vida de un millón y medio de quintanarroenses, sólo por no ser parte de la agenda mediática. Siempre estuvieron ahí.

También han ido aflorando los defectos de la clase gobernante, que se ocultaron billete tras billete.

El gobierno electo prometió en campaña que este grotesco escenario, cambiaría. Un primer paso, útil y necesario, acaso fue participar en ese foro, que se replicará el jueves ocho de septiembre, en Chetumal, capital del estado.

Participar, no sólo para expresarse, criticar o proponer o ambas, sino para escuchar, reflexionar y hacer algo con todo eso, en un ejercicio integral que nos recuerda lo que es un estado de libertades y de derechos… no una selva de ruindades y persecuciones para silenciar e imponer(se), abonando al retroceso y a la obscuridad.

“Escucharnos es el principio de la Democracia”, dijo aquel 30 de agosto, la investigadora y activista, Celina Izquierdo, quien resaltaba que la base de toda la discusión, son los Derechos Humanos.

¿Por qué? Porque como nos recordó ahí Izquierdo Sánchez, en Quintana Roo y quizá en todo el país, la prensa –y en ella englobo a medios electrónicos y digitales- ha olvidado que el Periodismo y la Información, son esencialmente un servicio y no una mercancía o un negocio.

Un servicio –agregaría yo- que tiene que ver con la Libertad y con la Verdad, o al menos con el reflejo más aproximado de la realidad, con reglas como el equilibrio, el respeto, la veracidad, la oportunidad y el interés público.

Y si bien ese servicio cuesta –y por supuesto debe costar- no puede ir en contra de los Derechos Humanos, es decir, no puede atentar contra el Derecho a la Libre Expresión de las ideas, ni en contra del Derecho de las y los quintanarroenses a estar verazmente informados y acceder a esa información por los canales elegidos.

Desde ese enfoque, la periodista Gloria Palma coincidió en que el control ejercido por la autoridad, ha violentado los artículos 1º y 6º de la Carta Magna, con lo cual “propicia atentados contra la comunidad”.

Ese control es posible a través de los recursos públicos que el gobierno da o retira a los medios de comunicación, para implantar su versión, ocultando la realidad, razón por la que una de sus propuestas fue revisar esos contratos y transparentar toda la información que tenga que ver con estos.

Otros periodistas también se pronunciaron por regular y hacer públicos los montos, el número de convenios, sus cláusulas y proveedores.

Sugirió además la derogación o anulación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que entró en vigor el año pasado, al considerar que “está mal fundamentada” y “puede ser retomada para controlar a los medios”.

La derogación de dicha ley, fue propuesta también por otras y otros colegas, incluso por integrantes de la sociedad civil, que participaron en el foro.

Palma demandó de los tres Poderes del estado, la regulación de publicaciones que atenten contra la mujer, pues fomentan la violencia de Género, problemática abordada por la activista, María Rosa Ochoa, quien situó el fenómeno como un asunto de Salud Pública, no como nota “roja” o policíaca.

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El periodista Francisco Verdayes aclaró que los Medios de Comunicación no nacieron para ser el Cuarto Poder, porque eso los equipara con el sistema que, de hecho, deben cuestionar, no aspirar a pertenecer.

“No somos el Cuarto Poder. Somos un contra poder”, subrayó, pero reconoció que ese contra poder ha sido “domesticado” y ha olvidado su misión: Investigar, informar, criticar, vigilar.

“Por cada convenio se dio un ataque a la Libertad de Expresión, un ataque contra la sociedad; por cada convenio hubo una crítica menos”, señaló, para agregar que este tipo de contratos “no deben condicionar la línea editorial”, ni ser instrumento para “controlar las redacciones”, como sucedió.

Su consejo, que la contratación de publicidad oficial obedezca a un estudio de mercado, para “dejar de pagarle a falsos periodistas” y “darle paso a la prensa verdadera”.

Otro de los temas que ocupó a la mayoría de las y los participantes, fue el destino del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).

Para Verdayes, la radio –particularmente- se desvirtuó hasta convertirse en un espacio “propagandístico, panfletero”, para aniquilar a la oposición y a quienes el gobierno considerase sus “enemigos”.

Rosa María Márquez se sumó, diciendo que “el SQCS tiene una deuda con la sociedad civil”. El tema de la violencia feminicida que ha dado pie a 11 recomendaciones de la Conavim, para evitar la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG), “no se abordó jamás”.

“El SQCS no comunica, no hay inclusión; debemos de tener un espacio como organizaciones de la sociedad civil, que atienden temas como la discapacidad, la diversidad, adultos mayores, jóvenes y adolescentes”, reclamó, además de solicitar que las sesiones del Congreso estatal, sean transmitidas en vivo por los canales de radio y televisión.

Se pronunció por revisar el marco jurídico con que opera la radio pública y los acuerdos que el noticiario estelar, tuvo con la BBC de Londres o ahora con Radio Francia Internacional, de existir un pago de por medio.

Enrique Velasco, quien llegó a Quintana Roo, hace 31 años, para diseñar el Sistema, explicó que el decreto que le dio vida al SQCS, se basa en tres pilares que deben ser retomados -informar, divertir y entretener- para rescatarle del “momento lastimoso que vive”.

Coincidente, el divulgador científico y el activista, Juan José Morales y Tulio Arroyo –respectivamente- se pronunciaron por devolverle al SQCS el carácter de radio pública, de Estado, no de gobierno, ni de una facción, para que no sirvan a “grupúsculos en el poder”.

Morales Barbosa equiparó la radio pública, a una biblioteca y la radio privada, a un librería; en una se cultiva el placer de la lectura, como un servicio; en otra, se trata de vender libros, como se hace en un negocio.

Con esa comparación, explicó porqué no se pueden elegir contenidos para una radio pública, basados en el rating, buscando ganar audiencia, en detrimento del contenido, que es lo que le da verdadero valor.

El también periodista y Arroyo Marroquín, propusieron –por separado- incluir espacios dedicados a la Ciencia y la Cultura, mediante programas locales que tejan sentimientos de identidad y arraigo, cuyos ejes fundamentales sean la imparcialidad, el equilibrio, la libertad de expresión y de creación, con un amplio financiamiento.

La periodista Alicia Villavicencio se pronunció por regresarle la dignidad a la televisión del SQCS, a través de programas creativos, contenidos educativos, enriquecidos con opiniones diversas, que fomenten la democracia, el arraigo, la cultura y el arte; que sean acordes con la realidad del estado, que entretengan con inteligencia, en formatos adecuados y que impulsen los talentos de las y los creadores locales.

Para el comunicador Iván Alonso García esos espacios deben ser ocupados por profesionales en Periodismo o Comunicación, con experiencia, radicados en el estado, que estén preparados y posean arraigo, evitando improvisaciones y ausencia de calidad.

Además, tocó uno de los temas tabú, pero de los más graves para las y los periodistas: Sus condiciones laborales, la carencia de capacitación, los bajos salarios, la explotación laboral, el maltrato y la ausencia de prestaciones, lo que resumió como “violaciones a los derechos laborales”.

Para Christopherson González Landero, estudiante de la carrera de Comunicación, es indispensable la modernización del SQCS, no sólo en contenidos, sino en infraestructura e imagen. También, necesario emplear a jóvenes egresados de universidades, para aprovechar nuevos talentos.

Sofía Villafaña viajó desde Felipe Carrillo Puerto, para pedir que Radio Chan Santa Cruz, la única estación que comunica en español y en maya, sea rescatada y que el canal 7+ de televisión, tenga una barra en lengua indígena.

Así más o menos el foro, un primer paso al que sin duda, habrá que dársele seguimiento, con miras a que se concreten muchas de las propuestas y evitar así que los herederos del sello autoritario que marcó una administración, caigan en la trágica tentación de repetir la escuela heredada, con las terribles lecciones que ellos mismos enfrentaron y sufrieron, antes de asumir el poder.


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